El Ayuntamiento dice que es «inminente» una intervención para mejorar el estado del yacimiento andalusí 
La salvación del yacimiento de San Esteban pasó a la historia como una conquista ciudadana. La excavación arqueológica previa a la construcción de un aparcamiento subterráneo permitió documentar en 2009 diversos momentos cronológicos y constructivos superpuestos, hasta alcanzar la cota medieval. Los arqueólogos Alfonso Robles y José Antonio Sánchez Pravia destaparon la mayor aportación del urbanismo islámico conocida hasta entonces en Europa: una morería de 10.000 metros cuadrados, el barrio de la Arrixaca Nueva.
Este trozo de la antigua Mursiya había permanecido enterrado ocho siglos debajo de la ciudad, con calles y azucaques de hasta tres metros, con restos de decenas de algorfas y casas construidas con pobres materiales (ladrillo, tapial y hormigón) y agrupadas en manzanas que evidencian una alta ocupación entre los siglos XII y XIII, con patios, pavimentos cerámicos y de piedra, zaguanes, letrinas, salas con alcobas, así como pozos, sistemas de saneamiento comunitarios, un pequeño oratorio y varias sepulturas. La grandiosidad de la superficie excavada saltaba a la vista, y por ello fue elogiado por el mundo académico, no así su monumentalidad, ya que, como dijo una vez el entonces director general de Cultura, Enrique Ujaldón, aquellos restos no eran comparables a La Alhambra.
San Esteban no fue desmontado y trasladado, como aprobó la Consejería de Cultura en diciembre de 2009 -Ujaldón y el arqueólogo que firmó los informes, Ángel Iniesta, fueron imputados por un presunto delito contra el patrimonio tras una denuncia por expolio de Huermur-, gracias a la intervención de una juez, que paralizó el proceso de extracción de los restos. Ese mismo día, el presidente regional anunciaba que nunca se construiría allí un parking dada la «magnitud y la importancia del yacimiento arqueológico», que en febrero de 2010 fue declarado BIC.
Desde entonces, las dos administraciones han considerado San Esteban como un problema. El Ayuntamiento, tras ver frustrada la oportunidad de construir un aparcamiento, ha asumido las labores de conservación y protección de la zona arqueológica; la Comunidad Autónoma movilizó a un comité de expertos para velar por el conjunto, enclavado junto a la sede del Gobierno regional y en la zona más comercial de Murcia, aunque la realidad y el paso del tiempo han enterrado también consigo aquellos afanes protectores iniciales.
Casi cuatro años después, el arrabal mudéjar-andalusí es un boquete en el corazón de Murcia que genera indignación entre cualquiera por el evidente estado de dejadez que presenta el entorno. Las balsas de agua y la basura se entremezclan con la historia; las hierbas forman ya un espeso tapiz sobre las ruinas. Y, ante el panorama, ninguna de las dos administraciones parece darse por aludida. La Concejalía de Cultura confirmó ayer que la intervención prevista de limpieza del yacimiento, renovación del geotextil y reconstrucción de muros de protección es «inminente» y señaló que solo quedaría que la Dirección General de Bienes Culturales aprobara los plazos y composición de equipos de intervención. La Consejería dice que ya tienen el OK.
El nivel de degradación es generalizado en todo el yacimiento, según señaló la arqueóloga y restauradora Pilar Vallalta, redactora del proyecto de conservación y protección preventiva en 2010, que posteriormente sería adjudicado por el Ayuntamiento a la empresa Cyrespa Arquitectónico, que es la que ejecutará en breve la nueva intervención. Entonces, Vallalta ya observó «descalces de muros, lagunas en las partes bajas de muros de tierra, severas pérdidas de verticalidad en muros de ladrillos y muros de hormigón; peligro de derrumbe con apuntalamientos puntuales; caídas de elementos de sillarejo y tabiquería; estancamiento de agua de lluvia por ausencia de filtración del terreno». La mala calidad de los materiales originales nunca se ha cuestionado; tampoco que las principales amenazas de conservación son la exposición a temperaturas extremas, la lluvia, el viento y la contaminación.
La conservación es un problema, pero no el único. Las administraciones alegan que no hay dinero para su puesta en valor, pero tampoco se atreven a aprobar su cubrición definitiva.
