El juzgado considera no acreditados los supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, mientras que el PP presenta un recurso
15.05.13 - 00:49 -
JOSÉ A. PÉREZ |/ la Verdad
Duro correctivo de la justicia al equipo de gobierno municipal (PP), que en 2011 promovió en el pleno que el Ayuntamiento presentara una querella criminal contra el exalcalde socialista del municipio, José Manuel Sanes, y el exconcejal de Hacienda y actual portavoz municipal de la formación, Mariano Oliver, por su gestión en el Festival del Cante de las Minas.
El juzgado de instrucción número 3 de Cartagena ha archivado las diligencias abiertas «por no quedar acreditados los hechos denunciados». La querella aseguraba que «pudieron cometer supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación» por las «irregularidades contables» detectadas en el Festival Internacional del Cante de las Minas entre 2004 y 2006.
Para ello, el Ayuntamiento adjuntó una auditoría encargada por la Consejería de Cultura, en la que ponía de manifiesto, «la nula recaudación de dinero por venta de entradas en taquilla durante el festival del cante de las minas en su edición de 2006, y solo 3.059 euros en 2005»; y el fraccionamiento de contratos por valor de 133.000 euros «con una clara intención de dividir las partidas para que no salieran a concurso». También «la extrañeza de una factura de hotel por 67 habitaciones, cuando el establecimiento solo cuenta con 16». Además se citaba la desaparición de un documental sobre el cantaor granadino Enrique Morente, así como de 80 libros y litografías de varias ediciones del evento.
Pues bien, la juez María del Mar Gómez no solo se limita en su auto a decretar el sobreseimiento de las actuaciones, sino que considera que la querella «presenta tintes de tener como finalidad un desprestigio político de los denunciados».
Acerca de la auditoría, descalifica su contenido por «carecer de rigor, ya que utiliza los datos aportados por el propio Consistorio, sin contrastarlos, por ejemplo, con los de la empresa que se encargaba de recaudar el importe de las entradas para las sesiones del festival».
Respecto a los ingresos, la juez señala que la acusación «no se sostiene» y añade que existe un informe de la intervención municipal de enero de 2011 en el que consta que en 2006 el Ayuntamiento tuvo un derecho reconocido de 102.000 euros pendientes de cobro, importe mayor incluso que el de años anteriores y posteriores.
En cuanto a la desaparición de las distintas piezas artísticas, el auto recuerda el traslado del Ayuntamiento hasta su actual sede, la Casa del Piñón, y alude a que fueron entregados a periodistas y miembros de los jurados de los concursos del festival. En estas diligencias, además de los querellados, prestaron declaración varios testigos, entre ellos, uno de los responsables de la auditoría, las taquilleras contratadas en 2005 y 2006, y la que fue concejal de Presidencia y directora del festival, María Martínez.
«No tendrá desperdicio»
El portavoz municipal socialista, Mariano Oliver, prefirió dejar las valoraciones sobre este archivo a la rueda de prensa que ofrecerá hoy en la sede del PSRM. Lo que sí dijo es que «no tendrá desperdicio» y que no se cortará «un pelo» en decir todo lo que ha hecho pasar «esta gente», en alusión al alcalde Francisco Bernabé. Por su parte, el exalcalde José Manuel Sanes no contestó a las llamadas de esta redacción, aunque antes Oliver dejó claro que «no quiere saber nada de la política ni de este asunto».
Por el gobierno local, habló su portavoz, Carlos Martínez, para quien «no son compartibles las valoraciones de la juez sobre la actitud que ha movido al Ayuntamiento a presentar esta querella». Martínez insistió en que «no queremos ir a por nadie, sino aclarar las lagunas de aquellos años en el festival».
El portavoz anunció que el Ayuntamiento ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, «puesto que el archivo se ha adoptado sin haber sido practicadas importantes pruebas para conocer la verdad, que pese a haber sido solicitadas en tiempo y forma, nada se ha acordado hasta la fecha».
Para el equipo de Gobierno, «llama la atención la ausencia de mención alguna a diversos hechos que han quedado probados y que son obviados o silenciados por completo en el citado pronunciamiento, pese a revestir los mismos evidentes caracteres de varios tipos delictivos».
