(Fuente imagen: El Correo)
La última ponencia de las Jornadas que se celebraron la semana pasada en Barakaldo, "Radiaciones de las antenas de telefonía móvil, salud y derechos de las personas expuestas", dio algunas ideas novedosas en lo referente a esta problemática existente en todos los municipios.
La presentación de D. José Alberto Arrate, abogado ambientalista, de gran experiencia en procesos judiciales contra emisiores de campos electromagnéticos (antenas, transformadores, etc.) y asesor en varias ordenanzas municipales en esta materia, comenzó indicando que es necesario que existan grupos sociales que presionen a los poderes públicos y que informen a los ciudadanos de los derechos que tienen realmente.
Arrate explicó que, para poner una antena en una casa , es necesario contar con la unanimidad de los vecinos. Esta unanimidad es necesaria tanto para poner una antena , como para renovar el contrato: si cuando se puso la antena no se consiguió la unanimidad, y pasó el plazo para impugnar el acuerdo (entre 3 meses y un año), a la hora de terminarse el contrato y tener que renovar, de nuevo es exigible la unanimidad en la comunidad de propietarios.
En relación a los vecinos colindantes, el abogado comentó que ya se ha dado alguna sentencia de inmisión en las casas frente a transformadores, en la que el Juez establece que primero son los derecho de los vecinos frente a los de las compañías. Aparte de del Real Decreto 1066/2001, que regula este tipo de emisiones, existen derechos constitucionales como la integridad física , la inviolabilidad del hogar , la propiedad privada, etc., que pueden estar siendo violados y podrían invocarse ante los Tribunales de Justicia.
Finalmente, habló de los diversos ámbitos competenciales: del Ayuntamiento, de la Diputación y del Gobierno Vasco. Según Arrate, si hay voluntad política, el asunto competencial se resuelve de la misma. Abogó eso sí, por hacer siempre leyes garantistas. Advierte que, a la hora de legislar, no sólo hay que ver los intereses político-económicos, de avance tecnológico y de comunicación social: también hay que ver la valentía de la instituciones a la hora de estar dispuestos a pleitear por dicha Ley contra las compañías (caso del Ayuntamiento de Burlada, al que los Jueces le dieron la razón frente a las operadoras).
Al día siguiente hubo una mesa redonda en la que estuvieron representados los partidos políticos de Barakaldo. Se les comentó lo curioso que es la situación de algunos partidos políticos en Barakaldo: justo la contraria que en Getxo. Cuando un partido está en la oposición su postura es completamente opuesta al mismo partido en el gobierno municipal. La portavoz aludida en Barakaldo trató de esquivar la disparidad de posturas en el seno del mismo partido, comentando que EUDEL está elaborando una norma marco. Aunque dicha norma no es de obligatorio cumplimiento en cada municipio... (sic)
Alfonso Terceño, de Ekologistak Martxan, presente en la mesa redonda, comentó que se quiere redactar una Ley autonómica (fuente: DV) de este asunto, partiendo de la Ley de Castilla-La Mancha (fuente: AVAATE), pero más garantista aún.