(Fuente: El periódico de Aragón)La noticia ha aparecido en Zaragoza, pero nos es bastante familiar.
La Asociación Independiente para Defender la Salud de Zaragoza (ASIDES) estudia llevar ante la fiscalía una denuncia por los casos de cáncer detectados en zonas con antenas de telefonía móvil.
Su secretario, Eduardo Izquierdo, considera que sacando las antenas de los núcleos urbanos, éstas siguen manteniendo su potencial de funcionamiento, pero se reducen los posibles perjuicios de las ondas que emiten sobre la salud. En Zaragoza "deberían ubicarlas lo más alejadas de los vecinos".
El portavoz de esta organización asegura que el temor, las dudas y los recelos se han instalado en la vida de muchos vecinos. "Nuestra asociación tiene constancia de más de un centenar de casos de cáncer, agrupados en puntos concretos, en los que precisamente hay colocadas este tipo de instalaciones. Y no nos vamos a quedar parados. Vamos a plantear el tema ante la fiscalía para que investigue", insiste este zaragozano.
Además, Eduardo Izquierdo critica también el incumplimiento reiterado del Ayuntamiento de Zaragoza a la hora de aplicar una ordenanza municipal por la que se comprometió a retirar antenas cerca de colegios, guarderías, residencias de ancianos y hospitales. "La realidad es que seguimos viendo cómo sigue habiendo antenas próximas a lugares donde hay niños, ancianos y enfermos, y hasta en la universidad, sobre el edificio del Interfacultades, porque se anteponen otros intereses. Y no lo podemos entender".
Desde el Ayuntamiento zaragozano se apuntó que en la actual legislatura se han endurecido los criterios para las operadoradas a la hora de solicitar instalaciones, con la obligatoriedad de informar a las comunidades de vecinos colindantes de la pretensión de colocar una antena de telefonía móvil en un bloque de pisos, y abriendo el correspondiente plazo de alegaciones.
En este sentido, Eduardo Izquierdo aseguró que de las 300 antenas de estas características que existen en el cielo zaragozano, el consistorio ha llegado a ordenar la retirada de 60 por considerarlas ilegales, un mandato que a su vez incumplen las operadoras. "El consistorio podría retirarlas subsidiariamente, pero acometer esto supone un coste de 24.000 euros y no está por la labor".
